En busca de censurar los mensajes presuntamente difamatorios que son enviados por medio de correo electrónico, el presidente socialdemócrata Alvaro Colom se reunirá con ejecutivos de las empresas telefónicas que prestan ese servicio, para que "no autoricen "enviar aquellos mensajes sino hasta que se identifique la procedencia. Colom delantó que trabajarán en la redacción de una iniciativa de ley que castigue la difamación.

¡Aquí viene la censura!, porque una ley que castigue la difamación ya existe y es raro que el Presidente ignore ese hecho. Dicha ley está contenida en el Código Penal, entre los delitos contra el honor. En el artículo 161 la injuria está tipificada como "toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona"; y la pena sugerida para quienes sean hallados culpables de ese delito son de entre dos meses y un año de prisión.

El mismo código, sin embargo, advierte que no incurre en injuria "quien, por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona", advertencia que tiene relevancia cuando aquellas capacidad, instrucción, aptitud o conducta son las de un funcionario público cuyas acciones en el ejercicio del poder público deben [...]

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